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La ANUIES y la UdeC profesionalizarán operadores del SJP

•Suscriben convenio de colaboración para el fortalecimiento de las capacidades profesionales de los operadores del sistema de justicia penal.

•La formación de capital humano, determinantes para el desarrollo y la modernización democrática de la nación: Jaime Valls Esponda.

La reforma del Sistema de Justicia Penal ha avanzado aceleradamente en los aspectos materiales y de infraestructura. Sin embargo, como es natural en estos complejos procesos, el punto nodal radica en la creación del capital humano indispensable para que la impartición de justicia se convierta en una verdadera contribución al desarrollo.

Así lo señaló el maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, durante la firma del convenio de colaboración con la Universidad de Colima, para fortalecer las capacidades profesionales de los operadores del Sistema de Justicia Penal.

Ante la presencia del Gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez y del Rector de la UdeC, José Eduardo Hernández, el titular de la ANUIES indicó que la creación del capital humano es la motivación profunda de la reforma que ahora propone un nuevo modelo basado en tres elementos esenciales: el principio de presunción de inocencia protegido por la ley y por el debido proceso; la disponibilidad de una arquitectura legal para la impartición expedita de justicia, y el tercero que es la clave de todo: la creación y fortalecimiento de las capacidades profesionales de quienes operan el sistema.

‘’Para la ANUIES, la formación de capital humano es una de las razones que le dan sentido y razón de ser, de modo que desde la aprobación de la reforma ha trabajado en el diseño y elaboración de programas orientados al desarrollo profesional del talento, en especial en áreas que, como la de la justicia, son fuertemente determinantes del desarrollo y la modernización democrática de la nación’’, afirmó Valls Esponda.

Dijo que las instituciones asociadas son entidades apropiadas por excelencia para dar cauce al requerimiento social de contar con una sistema de justicia que contribuya a transformar el estereotipo de la mala calidad por una nueva realidad de confianza ciudadana en una justicia que, como proponía Ignacio Vallarta, debe resplandecer por encima de los hombres para unirlos y nunca para dividirlos.

Por ello, agregó, la firma del convenio con la UdeC permitirá desarrollar un importante plan de trabajo que es el inicio de un proyecto más ambicioso de robustecer capacidades de servidores públicos, académicos y profesionales que son, en los hechos, el áncora que debe dar consistencia y sincronía a la reforma.

Asimismo, la Universidad de Colima y la ANUIES con el apoyo de la USAID, se han propuesto la realización de cuatro diplomados orientados a responder a diversos asuntos urgentes del sistema: el papel del fiscal en el sistema, el del defensor, la actualización de la estructura de solución de controversias y, sobre todo, el relativo a la importancia del asesor jurídico para las víctimas.

Manifestó que el hecho de que las universidades unan sus fortalezas y capacidades revela sus intereses y razón de ser pero, además, muestra su responsabilidad social, su compromiso con la nación. ‘’Esto es muy importante porque nos lleva a advertir que en el país existe una gran movilización de conciencia que trasciende la agenda política’’, finalizó Valls Esponda.

En su intervención, el Gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez como testigo de honor, afirmó que la sociedad exige fortalecer un sistema de justicia que brinde seguridad, confiabilidad y respeto. Desde el Gobierno, dijo, apoyaremos la profesionalización que la Universidad de Colima desarrollará a través de diplomados y especialidades, que cubren las materias más interesantes vinculadas al sistema.

A su vez, José Eduardo Hernández, Rector de la UdeC explicó que los diplomados están dirigidos a fiscales ministerios públicos, asesores jurídicos, peritos, defensores de las víctimas, policías y personas que instrumentan mecanismos alternos de solución de controversias, apegados al catálogo del Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública, con valor curricular.

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